Plan de Foratalecimiento de los Cuarteles de Bomberos de Tigre

El Municipio y su compromiso con fortalecer un sistema integral de seguridad. Los Bomberos de Tigre ya tienen un hidroelevador para combatir siniestros en altura.

El intendente Sergio Massa entregó a los Bomberos la unidad de última generación y anunció la remodelación integral de los cuarteles de Don Torcuato y Rincón de Milberg. Además, otorgó un reconocimiento a José Luis Medrano –heroico vecino que salvó a un automovilista- a quien destacó como “bombero involuntario” y ejemplo por su conducta.

Sergio Massa resaltó que “con una inversión de más de 3.100.000 pesos y el esfuerzo de los vecinos, apoyamos a nuestros Bomberos, una institución que no valoramos hasta que la necesitamos, para que tengan un equipamiento que les permita una adecuada capacidad de respuesta. En 2009 llevamos adelante mejoras paulatinas en los cuarteles de Ricardo Rojas y El Talar, y este año remodelaremos los de Rincón de Milberg y Don Torcuato. Buscamos proteger a los vecinos trabajando articuladamente mediante un sistema de Protección Ciudadana. Tigre crece y cada vez se construye más, por eso debe crecer su capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.”

Cientos de vecinos junto a todos los bomberos de Tigre dieron gran color al acto realizado en el playón del Ferrocarril Mitre. En este sentido, Massa agregó “estos chicos, hombres y mujeres de uniforme que están aquí son voluntarios, que dedican parte de su tiempo y esfuerzo a la comunidad, de la que reciben su respaldo. Les agradezco a ellos y a la sociedad civil que los apoya. Hoy, les entregamos nuevas herramientas que mejoran su capacidad de respuesta frente a una emergencia, y en los próximos días otro móvil a los bomberos de General Pacheco. Así Tigre crece en servicios, con todos sus sistemas de emergencia funcionando.”

“Este es nuestro homenaje a los Bomberos; inversión y herramientas que testimonian nuestro compromiso como municipio, para que nuestros vecinos vivan tranquilos.” finalizó diciendo Massa.

Luego, el intendente invitó a subir al estrado a José Luis Medrano, el joven tigrense que fue noticia por su heroísmo al salvar la vida de un automovilista que cruzó imprudentemente un paso a nivel con las barreras bajas, a quien calificó de “bombero involuntario” porque se jugó la vida para resolver una eventual desgracia.” Medrano recibió de manos del intendente una plaqueta como reconocimiento en nombre de los vecinos de Tigre, siendo largamente aplaudido por la concurrencia. “En este hecho conviven dos mensajes: uno el de la irresponsabilidad, y el de José Luis, que -al igual que los Bomberos- es el de jugarse por el otro.” dijo.

El secretario de Protección Ciudadana, Diego Santillán, destacó que "dentro de la dinámica de Protección Ciudadana que llevamos adelante desde la asunción del intendente Sergio Massa, hoy presentamos el Programa 2010 de Fortalecimiento de Cuarteles de Bomberos, que incluye la remodelación de los cuarteles de Don Torcuato y Rincón de Milberg.”

Santillán mostró su satisfacción por la consolidación del sistema de Protección Ciudadana, siendo parte de su planificación “la incorporación de todas estas nuevas unidades, destacándose el hidroelevador estadounidense marca Pierce, con escalera de 26 metros de altura, barquilla con monitor (salida de agua) en su parte superior, y bomba de 5.680 litros por minuto de caudal. Era una antigua demanda de los Bomberos, que ahora tienen lo necesario para cumplir su labor.” dijo.

El comandante del cuartel de Bomberos de Tigre, Rodolfo Vandolino, resaltó el determinante apoyo del municipio para comprar la nueva unidad elevadora. “En tan sólo 20 días, nos resolvieron un problema que llevaba 6 años; por eso, muchísimas gracias al intendente Massa por todo su trabajo y apoyo.”

Massa encabezó el acto junto al presidente del Concejo Deliberante del partido, Julio Zamora; el secretario de Protección Ciudadana del municipio, Diego Santillán; la concejal Malena Massa, y los comandantes de los cuarteles de Bomberos de Tigre, Rodolfo Vandolino; de General Pacheco, Eduardo Salcedo; de Don Torcuato, Horacio Trangoni y de Benavídez, Alfredo González, entre otras autoridades.

Imprudencia, suerte y un "Heroe"

Una barrera que suele ser burlada dado que el Tren tiene una frecuencia de una hora y pasa a baja velocidad, al estar a pocos metros de la Estación El Talar. Fue el escenario de la heroica asaña que protagonizara un imprudente y un joven.

Un joven que circulaba como acompañante en una motocicleta salvó la vida del conductor de una camioneta que quedó atascada sobre las vías del ferrocarril.

El paso a nivel donde se produjo el increíble suceso está ubicado sobre la calle Perú en el límite de las localidades de General Pacheco y El Talar, ambas del partido de Tigre.

La camioneta Fiorino blanca, al igual que otro imprudente automovilista, esquivó la barrera que se encontraba baja y al querer cruzar se le detuvo el motor justo sobre las vías.Los 2 hombres en la moto y sin casco, miraban la situación atentamente. La camioneta parece que arranca pero se vuelve a quedar y uno de los hombres, el héroe de Tigre, se baja y empuja increíblemente la camioneta hacia el otro lado arriesgando su vida, un poco mas que al circular en moto sin casco, por este automovilista inconsciente que puso en riesgo su propia vida y la de terceros.

El tren casi lo arrolla, salva su vida de milagro y queda, los primeros segundos, atónito ante la mirada de los ocasionales espectadores.Se dio cuenta que volvió a vivir. Festeja con su amigo que lo abraza emocionadamente. Grita a los cuatro vientos “Sí, fui yo, yo solito la empujé y lo salvé” en lo que se asemeja al festejo de un gol en el fútbol argentino de primera división. Hasta festeja con los pasajeros del tren.El inconsciente y el héroe nunca se conocieron. La cámara del Municipio de Tigre que registró la situación identificó al irrespetuoso automovilista quien es buscado intensamente por el Centro de Operaciones Tigre y por la policia, para que pague por su falta.

Amplio consenso contra la mano dura

Políticos del oficialismo y la oposición, organizaciones sociales y de derechos humanos, gremios y personalidades académicas presentan hoy las bases para una política de seguridad que brinde soluciones inmediatas y perdurables, pero evite el “facilismo represivo”.


Los más diversos sectores políticos, de la Justicia, gremiales, académicos y organizaciones de derechos humanos presentarán hoy, a las 12, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). El texto pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsa la descentralización creando policías comunales, fomenta la existencia de una policía judicial, que trabaje en la instrucción de las causas, y rechaza el discurso de la mano dura “que sólo ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”. El Acuerdo para una Seguridad Democrática tiene las firmas –entre muchas otras– de integrantes del Frente para la Victoria, como Agustín Rossi; del peronismo disidente, como Felipe Solá; de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, referentes de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos. La iniciativa surgió de León Arslanian y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes estarán a la cabeza de la presentación de hoy. Anoche todavía se sumaban más adhesiones que se darán a conocer al mediodía.

El Acuerdo apareció a raíz de la inquietud que surgió en distintos sectores por la aparición de propuestas de darle mayores atribuciones y poder a la Bonaerense y a policías de otras provincias del país. “Queríamos aunar a las fuerzas democráticas para que se tomen caminos democráticos en materia de seguridad y diferenciarnos claramente de los discursos de mano dura que no hacen más que reeditar políticas desacertadas y fracasadas”, le explicó Arslanian a Página/12. El ex ministro de Seguridad contó que junto con el CELS empezaron a contactar a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales, a integrantes de la Justicia y a una parte importante del mundo académico para diseñar el texto. Después de su presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, el acuerdo “se hará llegar a los poderes públicos”.

Tal como sucede en otras latitudes, ante hechos de sangre impactantes, se produce una enorme ebullición y surgen las voces que piden que a los uniformados se les devuelva el poder, que no haya tanto control ni de los civiles ni de la Justicia. “Que puedan detener sin límites, que se aumenten las penas y se encarcele a los menores, casi sin distinción de edad”, parece la consigna.

Frente a esas posturas, los puntos centrales del texto son los siguientes.

* Las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

* Las políticas de mano dura constituyeron “una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron la acción de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos”.

* Una adecuada política criminal requiere de una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento.

* Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad así como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.

* Las políticas democráticas de seguridad deben surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.

* Se impulsa la descentralización de la organización policial a nivel distrital y comunal.

* Un control interno de las policías de carácter civil y control externo del desempeño y la legalidad.

* Formación y capacitación policial no militarizado.

* Las medidas meramente represivas con las que se insiste en cada crisis apuntan a perseguir pequeños delitos y a autores jóvenes. Lo que señala el acuerdo es que gran parte de esos delitos comunes están asociados a poderosas redes delictivas. Uno de los ejemplos cantados es el de los desarmaderos.

* Una policía judicial, dependiente de los fiscales, traerá transparencia en las investigaciones.

* Se debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos, espectáculos deportivos, recitales y manifestaciones. Se debe asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

En la parte final del documento se resume lo que tal vez es la estrategia más importante: “conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”. La firma del acuerdo por parte de dirigentes del oficialismo y la oposición, de referentes de la Justicia, el gremialismo y los derechos humanos podría ser la base para esa búsqueda de consensos que formula el texto. Aunque los propios organizadores saben que “habrá un debate muy fuerte y la derecha insistirá en sus políticas”.

¿Se viene el “derechaje”?

Duhalde, Cobos y Menem piden un nuevo papel para el Ejército

La participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior está vedada por ley, pero los ex Presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde quieren que intervengan. Chiche Duhalde y Julio Cobos quieren usar los cuarteles. Los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde quieren declarar la emergencia en seguridad para poder redefinir el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el delito. Asimismo, el vicepresidente Julio Cobos quiere utilizar los cuarteles para hacer allí un servicio cívico voluntario, idea que respalda la senadora Hilda “Chiche” Duhalde. “Lo primero que hay que hacer es decretar una ley de seguridad para echar mano al ejército”, agregó Eduardo Duhalde en consonancia con Menem, quien había recalcado: “Las fuerzas armadas deben salir a las calles y saturar las zonas más conflictivas. Hay que cambiar en forma urgente las leyes para haya seguridad para todos los argentinos”.

Al respecto, el líder del Movimiento Productivo Argentino declaró: “México y Brasil han utilizado su ejército. En nuestro caso no podemos hacerlo, porque está prohibido por la Ley de Defensa Nacional. Pero sí podemos utilizar toda la infraestructura de las fuerzas armadas. Podemos y debemos utilizarla. Están muy equivocados los que creen que tocamos fondo: vamos a estar cada vez peor”, sentenció el dirigente bonaerense.

“Lo primero que hay que hacer es decretar una ley de seguridad para echar mano al ejército”, agregó Eduardo Duhalde en consonancia con Menem, quien había recalcado: “Las fuerzas armadas deben salir a las calles y saturar las zonas más conflictivas. Hay que cambiar en forma urgente las leyes para haya seguridad para todos los argentinos”.

La diferencia entre Menem y Duhalde es que mientras que el bonaerense habla de que presten su “infraestructura”, el riojano sostiene que deben intervenir directamente.

No obstante, a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner luego de denunciar que las FARC colombianas habían “perforado algunas organizaciones gremiales y políticas de la Argentina”, Duhalde destacó la labor de las fuerzas armadas en los operativos de las favelas de Río de Janeiro y estimó que en la Argentina podría haber una “participación de apoyo”.


Al respecto, el entonces ministro de Defensa José Pampuro le respondió: “El gobierno nacional ha expresado con claridad y en forma taxativa nuestra negativa a que las fuerzas militares participen en seguridad en el país”.

Del mismo modo, Cobos implementó en Mendoza un servicio cívico voluntario, un sistema de becas para aprender oficios en dependencias militares como la VIII Brigada de Montaña y, en algunos casos, con uniformados como profesores.

“Podríamos impulsar un año de capacitación para los chicos que terminan el secundario”, aseguró Chiche Duhalde, quien agregó: “No me gusta hablar de servicio militar, porque eso tiene un resabio amargo por lo que pasó”.

Por otra parte, la senadora bonaerense también entiende que en las instalaciones “ociosas” de las fuerzas armadas se puede albergar a personas mayores o menores acusados de delitos.

Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.

9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.