En una extensa y enriquecedora charla donde Santillán fue el principal orador, tuvimos la oportunidad de participar activamente en un ida y vuelta, formulamos preguntas concretas y exponiendo miradas criticas, nutridas desde la vasta experiencia que muchos de los presentes cultivamos al frente de los Foros., donde lo más destacado y gratificante fue encontrar muchísimas congruencias en los diagnósticos de la inseguridad, sus consecuencias nocivas para el conjunto de la sociedad, el reducido o nulo acceso de los sectores vulnerables a la justicia y seguridad; y las ideas para solucionar las diferentes problemáticas que la componen. Coincidir en tantos puntos de importancia nos devolvió aquella perdida esperanza de sentirnos acompañados en la lucha contra la inseguridad, de ver que finalmente en este país existen quienes tienen la decisión y vocación política para involucrarse de lleno en la temática y que a partir del 2016 tendremos un Estado presente y resolutivo.
Santillán fundamentó la necesidad de una política de Estado en materia de seguridad, de una manera muy sencilla y plagada de sentido común, lo que no le quitó complejidad y profundidad a su mirada en lo absoluto. No se puede ignorar ni tampoco subestimar el impacto nocivo que tiene la falta de seguridad en una comunidad, el Estado tiene el deber de garantizarla y equilibrar las relaciones entre sus individuos. La Justicia y la Seguridad son la base del desarrollo de una sociedad, los factores socioeconómicos, de equidad, culturales, etc., se ven fuertemente vulnerados en aquellas comunidades que no cuentan con las debidas políticas de Estado dedicadas a combatir la inseguridad. Por otro lado es necesario romper con la dicotomía dialéctica de derecha o izquierda, la Justicia y la Seguridad son políticas de Estado, y deben estar abocadas principalmente a incluir y proteger a los más vulnerables. A tales efectos, es necesaria una firme decisión política para realizar claras y profundas transformaciones en los tres niveles del Estado, en lo estructural, infraestructuras y tecnologías, leyes y procedimientos penales más claros y precisos, más controles gubernamentales y ciudadanos, etc.
En principio es necesario contar con un organismo a nivel Federal que nuclee la información de las diversas agencias administrativas y de inteligencia del Estado, de modo de poder coordinar acciones rápidas y efectivas ante la evolución de las diferentes modalidades criminales y/o de lavado de dinero que estas producen. Golpear las economías producidas a partir del delito es una acción directa para desarticular y desalentar su desarrollo y proliferación. A su vez, las diversas fuerzas del Estado dedicadas a la seguridad interior, deben ser modernizadas y coordinadas para cumplir sus funciones en el control de fronteras, del espacio aéreo, los lechos de agua, etc. Hoy en día ingresan al país, ya sea en burro, camiones, a pié, en balsa, en aviones ligeros, etc,. toneladas de mercaderías ilegales, de todo tipo de sustancias producto del narcotráfico, parque automotor ilegal, etc. Es inadmisible que Gendarmería se dedique a disuadir protestas gremiales sobre las autopistas o que Prefectura proteja a los ricos de Puerto Madero; mientras que claramente sus funciones son otras, la de custodiar las fronteras y patrullar los ríos y costas, respectivamente. Otro ejemplo son las funciones de la ex-SIDE que en lugar de dedicarse a realizar tareas de inteligencia para combatir el crimen organizado, en muchos casos, probados ante la justicia, se han dedicado a la persecución de opositores al gobierno.
En el orden Provincial, esta más que claro que el Sistema Policial necesita cambios. Rejerquizar el trabajo policial a través de una modernización en general, con más recursos humanos, mejor formados y remunerados debidamente, más tecnología para realizar investigaciones, etc. Otro punto central es descentralizar Fiscalías y Juzgados para mejorar el acceso a la Justicia. La recepción de denuncias en las Fiscalías descentralizadas mejoraría enormemente la interacción entre la ciudadanía y el sistema de seguridad, tarea que a malas penas hoy vienen realizándose principalmente en las dependencias policiales, lo que viene generando una sistemática expulsión del ciudadano del mismo. En esa línea se brindaría una mayor contención al damnificado y se contaría con mayor personal policial destinado a las tareas de prevención e investigación. Como último eslabón también debe ser reorganizado el Sistema Penitenciario para recuperar su función de resocializador. Una legítima política de derechos humanos, ante la comisión de un delito, debe contemplar la necesidad primogénita de el o los damnificados, sus familiares y del conjunto de la sociedad que exigen Justicia; y por otro lado resguardad los derechos d el o los imputados a ser procesado debidamente y a no padecer hacinamiento o abusos diversos durante el tiempo que lleve su reclusión. En esta línea es necesario que se desarrollen actividades de artes y oficios durante ese tiempo para favorecer su posterior reinserción social.
En lo que respecta a los Municipios, Tigre demostró que parte del presupuesto de una comuna puede destinarse a fortalecer las tareas de Prevención que le corresponden a las fuerzas policiales provinciales. Esta tarea, apoyada por el uso de tecnología y con una amplia apertura a la participación ciudadana, a favorecido en un notable descenso de las tasas de delitos en el corto plazo. Uno de los aspecto centrales de esta política municipal de seguridad fue la coordinación entre fuerzas colocando como eje las necesidades de la comunidad, fomentando el control de gestión y participación de la comunidad, de modo de racionalizar los recursos del Estado avocados a la problemática. Policías Municipales, cámaras de videovigilancia urbana monitoreadas por personal civil, botones de pánico domiciliarios, alarmas en escuelas, botón Dama para mujeres víctimas de violencia de género, etc; son las múltiples acciones que pueden realizarse a nivel Municipal, si claramente los gobiernos provinciales y nacionales dan el apoyo necesario, principalmente para los distritos que no cuentan con un abultado presupuestos, pero si tienen problemáticas de inseguridad crecientes.
Por último, la participación ciudadana necesita un respaldo firme y acorde a este nuevo paradigma propuesto, a través de una Ley Federal; que permita y promueva una geniuna y masiva interacción entre la ciudadanía, la Justicia y las diversas fuerzas de seguridad intervinientes, que permita la defensa y reivindicación permanente de la equidad, el Estado de Derecho y la Democracia Republicana; a partir de la colaboración, negociación y control de gestión de todo el sistema en su conjunto. Desde la prevención en interacción directa con las Policías, como así también de las investigaciones y de los posteriores procesos penales a los que se someterán sus autores, los juicios por Jurado, etc,. interactuando con la Justicia. La participación ciudadana es directamente proporcional a los niveles en los que el Estado invierte, se moderniza y brinda herramientas a sus conciudadanos.
Estuvieron presentes y representados los Foros de Tigre, San Martín y San Fernando. También integran esta mesa Foristas de Vte. López, Escobar y San Miguel. El llamado y la invitación a sumarse esta realizado, sean todos bienvenidos todos aquellos que quieran participar del desarrollo de estas políticas y del cambio justo.
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